jueves, 1 de agosto de 2013

LA LEY AL SERVICIO DE QUIEN?

Isidro Poche  en carabana 
EDITORIAL

Esta es la pregunta que nos formulamos, a propósito de los episodios que caracterizaron el drama vivido por la sociedad Villaltagraciana desde que el hoy suspendido Fiscal Isidro Poche López comenzó a denunciar ante la Procuraduría General de la República una serie de alegadas inconductas y presuntas transgresiones por parte del Ministerio Publico en Villa  Altagracia Magistrado Juan Medina.
Entre esas supuestas violaciones a las leyes, el Fiscal Poche exponía la alegada desaparición por parte de Medina de unos 50 kilos de Cocaína incautada a narcos, armas de fuegos largas y dinero en efectivo hallado en operativos que supuestamente dirigía el Procurador Fiscal Juan  Medina.
Llama poderosamente la atención que es justamente a raíz de las denuncias del Fiscal  Poche, e incluso de las precisas acusaciones del Diputado  Manuel  Díaz quien atribuye a medina apadrinar puntos de droga y supuestamente ser un delincuente y un simulador, que el Procurador  Fiscal  inicia lo que Poche denomina como el montaje de un plan dirigido a sacarlo de circulación, utilizando a una persona para que supuestamente entregue un soborno a Poche, a cambio de la libertad de un cuatrero lo cual nunca se produjo.
Pero no nos explicamos por que el Magistrado Domínguez Brito nunca dio curso a una investigación sobre las graves denuncias formuladas tanto del Fiscal Poche como del Diputado  Manuel Díaz.
En lo que si funciono raudo fue el aparataje mediante el cual apresaron a poche bajo la acusación de recibir soborno sin embargo este no tenia encima ni un centavo, que lo incrimine, a pesar de lo cual con su apresamiento y mantenimiento  en presión por 14 días le violaron todos sus derechos constitucionales, no solo se le negó la libertad durante esos 14 días sino que el Tribunal rechazó de manera abrupta un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del Fiscal  Poche.
Al llegar a su 14vo día,  la Corte de Apelación de San Cristóbal decidió otorgar la libertad al funcionario, estableciendo por resolución el pago de una garantía económica de RD$ 500,000.00 Pesos y presentación periódica ante el Ministerio  Publico de la jurisdicción  que le corresponde.
A su llegada  a Villa  Altagracia procedente del cuartel policial de San Cristóbal Poche fue recibido por decenas de personas que celebraron con júbilo su puesta en libertad. 

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