CANCELACION TENIENTE Y SARGENTO PN PROVOCA MIL CONGETURAS.

ALBERTO RAMIREZ (PAPITO)

La cancelación de un segundo teniente y una sargento de la policía nacional que prestaban servicios en el Departamento de Villa Altagracia ha causado indignación entre sus compañeros de armas y sectores de la población debido a las congeturas que preceden la medida adoptada por la jefatura de la institución del orden público.
 El segundo teniente Alberto Ramírez Alcidez  y la sargento María Rodríguez Paniagua adscritos a la dirección de investigaciones criminales fueron separados de las filas policiales, tras atribuirseles haber sostenido conversaciones vía celular con el supuesto sicario ANDY MARIÑE VALDEZ , quien está preso en la cárcel de najayo bajo medida de coerción acusado de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, y 304 del código penal así como el    39 parrafo III de la ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas de fuego.
Estas alegadas conversaciones vía telefónica habrían sido interceptadas y grabadas por el magistrado procurador fiscal Juan Medina, a quien presuntamente mariñez atribuye haberle sometido a crueles torturas físicas y psicológicas para obligarlo a admitir la comisión de delitos que él asegura no ha cometido.
Entre las cosas que supuestamente el presidiario habría manifestado en la conversación y por otros medios está la afirmacion de que según sus palabras, cuando el fiscal medina allanó su residencia en Santo Domingo le habrian incautado 4 fusiles de guerra y otros cosas de mucho valor ecoómico de las cuales el representante del ministerio público solo habría reportado un fusil, tres vehículos de lujo y una pistola, dejando de presentar como elementos probatorios tres fusiles y otras cosas supuestamente.

PRESUNTO SICARIO MUESTRA HUELLAS TORTURAS

La cancelación del oficial y la sub-oficial se inscriben dentro de la crónica del enfrentamiento entre el suspendido procurador fiscal Isidro Poché López y el Procurador fiscal         titular Magistrado Juan Medina, pues todo se inicia con las denuncias de Poché presentadas ante la procuraduría general de la República y la corte de apelación de San Cristóbal  en las que presentaba alegadas evidencias sobre actos de corrupción presuntamente cometidos por el magistrado Medina tan

to en Villa Altagracia como en Samaná, los cuales nunca habrian sido investigados ni valorados por el jefe del ministerio público Magistrado Francisco Dominguez Brito, quien en cambio se habría parcializado en contra de poché, ordenando una acción en su contra, obtemperando así la petición de Medina, quien lo acusó de soborno, sin embargo al momento de su abusivo e ilegal apresamiento no se le ocupó como elemento probatorio el dinero que supuestamente habria aceptado para poner en libertad un supuesto cuatrero.
En esa ocasión al fiscal poché se le violaron todos sus derechos, pues aparentemente la intención era ridiculizarlo, disminuirlo al descredito en base a un aparataje que contó con el aval de la procuraduría general de la República.
Ahora con estos dos policías se hace lo mismo, pues la jefatura procede a cancelarlos presentando como evedencia supuestas conversaciones telefonicas grabadas por el procurador de Villa Altagracia, que al parecer tiene todos los telefonos y celulares de este pueblo interceptados.
El director del periódico El Observador solicitó una entrevista al magistrado Medina para abordar los temas en que él ha sido protagonista y el avance de la delincuencia a raiz de su designación aquí, pero se negó rotundamente.
Sería interesante que alguien explique porqué el procurador general de la República nunca investigó las denuncias del fiscal poché y cuales son las verdaderas razones para cancelar al segundo teniente Alberto Ramírez Alcídez (PAPITO)    y la sargento María Rodríguez Paniagua.